El casi insignificante aumento salarial y la promesa de repartir mayor cantidad de tarjetas Solidaridad (para sustituir una parte de los pagos a la actividad politiquera en las instituciones del Estado), están en la cuenta de las limosnas. La mal llamada focalización de los subsidios a los combustibles y a la energía eléctrica, tiene registro en la cuenta del abuso. Decir que son medidas para enfrentar la crisis las que anunció el pasado jueves el presidente Leonel Fernández, es una burla.
En el contenido de la farsa de pésimo gusto presentada el pasado jueves, se destaca el anuncio de que dispondrán de menor cantidad de recursos los malversadores protegidos por el Poder. No es tremendismo decir, sin disfraces, que es mentira.
El propio Leonel Fernández reconoce que hay funcionarios con sueldos de 200 mil pesos, y eso no le causa vergüenza. Veremos si en el próximo discurso encuentra suficiente caradura para referirse a los que devengan más de medio millón cada mes. Prefirió decir ahora (una mentira más) que está entre 3 mil y 200 mil el rango de la nómina de sueldos y salarios.
La desigualdad y la concentración en pocas manos del ingreso y la riqueza, nada tienen de indeseables para un gobernante neoliberal.
El pírrico aumento salarial llega a los pobres junto a la reanudación de las redadas (como si la fiebre estuviera en la sábana, les cambian ahora el odioso nombre por el término “operativos de la Policía Preventiva”), y también junto al incremento de las ejecuciones extrajudiciales por patrullas de la Policía Nacional. Esto no lo anuncia Leonel Fernández, sencillamente, asigna el encargo a quienes deben dirigir la represión. Trabajo sucio para servir a quienes sólo el traje llevan limpio.
Si llegara a convertirse en realidad la pequeña rebaja en sueldos, viáticos y gastos de representación para funcionarios con ingresos millonarios, sería un simple pellizco; pero no hay que hacer esfuerzo alguno para saber que no serán reducidos los privilegios otorgados como pago al activismo politiquero. Los privilegios sí que están focalizados, no se desvían, alcanzan a los representantes de la clase dominante y a sus protegidos.
¿Verán reducirse los diputados su ingreso de 300 mil pesos que ellos consideran poco? ¿Dejarán de vivir con todo pago a costa del Estado? ¿Y el barrilito de los senadores, de más de medio millón de pesos para cada uno, destinados al clientelismo y a llenar los espacios vacíos en sus bien espaciosos bolsillos? ¿Y las lujosas mansiones de secretarios de Estado y de otros funcionarios, serán incautadas o siquiera se investigará de cuáles cajas salieron los recursos para construirlas? ¿Y los vehículos costosos, y los trajes y sombreros, yates, helicópteros y avionetas?
El gobernante deja todo eso en el pasado. No desarticulará su equipo de colaboradores, como no lo hizo cuando la ineptitud y la indolencia de un grupo de ellos fue causa de la muerte de decenas de personas en Santiago.
El compromiso de clase, el cumplimiento de la tarea de mantener los privilegios de unos pocos y su pertenencia misma (ya no es reciente su vinculación a la élite de banqueros, industriales y financiadores de la politiquería procedentes del balaguerismo) a ese grupo, obliga a Leonel Fernández a aumentar la carga a las mayorías, a seguir imponiendo a la población el pago de la deuda externa a través del consumo obligatorio, y a mantener la estabilidad política a través del uso de la fuerza.
Es lo que ha hecho y seguirá haciendo. Es lo que contiene su discurso y que no siempre logra ocultar usando eufemismos. Está comprometido a seguir la tradición de imponer a las mayorías el pago de la deuda externa y el costo de la corrupción, del clientelismo y del derroche… La mal llamada oposición, sucia del mismo lodo, emite tibios comentarios, pero no recurre a las mayorías porque no puede hacerlo.
Leonel Fernández es legítimo producto de este sistema, de la herencia balaguerista, del autoritarismo, del atraso, y como tal actúa. Los adjetivos pueden quedarse en el tintero…
